Conferencia "Laicidad, fundamento de las sociedades democráticas", pronunciada por el autor del blog en el Coloquio por el Día Internacional de la Filosofía, organizado el 19 de noviembre de 2020 por la Universidad de Quintana Roo (Chetumal, México)
LOMCE: UNA REFORMA IMPUESTA
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En el tercer borrador de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado el pasado mes de febrero, encontramos, junto a las medidas que modifican aspectos muy significativos de la estructura del sistema, otras muchas que afectan a lo que entendemos por calidad educativa, por gestión democrática de los centros educativos; o bien, que atañen directamente a los derechos y condiciones laborales de los docentes. Este proyecto de Ley se ha elaborado sin contar con la opinión de la comunidad educativa.
El Anteproyecto supone
una reforma de la Ley
Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Algunos artículos de
dicha ley se mantienen, otros se modifican o suprimen, y se añaden nuevos.
La implantación de las nuevas reválidas (para obtener los títulos de Graduado Escolar y de Bachillerato) suponen, al menos, una profunda desconfianza en la labor desarrollada por el personal docente en los centros públicos; así como la implantación despiadada de una competitividad que sólo atiende al logro de objetivos cuantitativos, mensurables, pero muy poco a la formación humanística que un sistema educativo democrático debe perseguir. El nuevo borrador profundiza en la privatización del sistema educativo y mantiene los criterios de segregación del alumnado. Aunque hace algunas concesiones a las Comunidades Autónomas al cederles el control de la reválida de primaria y permite al alumnado de Formación Profesional Básica el acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio, se reafirma en la línea de los documentos anteriores, fundamentada en tres aspectos:
1. PRIVATIZAR la gestión e introducir
una concepción mercantilista de la educación.
2. CENTRALIZAR los contenidos y la
evaluación.
3. SEGREGAR el alumnado con criterios
clasistas y de adoctrinamiento.
1.PRIVATIZAR
-CONCEPCIÓN
MERCANTILISTA DE LA
EDUCACIÓN: Se somete a los Centros educativos a las
exigencias competitivas del mercado, estableciendo pruebas externas a nivel
nacional, para ofrecer una clasificación de centros según sus resultados (Art.
147.2).
Se crea una nueva asignatura en Primaria:
“Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” (Art. 24.3).
Se permite la selección previa de alumnado: “El proyecto
educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que
podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización
curricular, a la excelencia…” (Art 122.3). Estas “acciones de calidad educativa”, “deberán ser
competitivas” (Art 122.3).
La supresión del punto 2 del art. 140 del
LOE, permite establecer ranking de alumnos y centros en un listado público, a
partir de las evaluaciones externas, sin tener en cuenta otro parámetro que no
sea los resultados mensurables (Art 120.3). Ello supondrá que los centros se hagan
más selectivos, rechazando al alumnado con mayores dificultades que pueda hacer
bajar su posición en el ranking.
-FOMENTO
DEL NEGOCIO EDUCATIVO: Se legaliza la financiación a los Centros
Concertados que segreguen alumnado por sexo (Art 84.3), a pesar de las
sentencias del Tribunal Supremo. Se prolonga el período de renovación de los
conciertos: de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de cuatro en
secundaria y de seis en infantil y primaria (Art.116.3).
Se elimina al representante municipal en los
consejos escolares de los colegios concertados (Art. 56.1).
Como ya sucedía en la LOE, la LOMCE no considera como
educación básica la
Educación Infantil. La Constitución española
solo asegura la gratuidad en la Educación Básica. La conclusión es que podrá
cobrarse matrícula para este nivel que ahora es gratuito en la red pública
entre los 4 y 6 años.
2.
CENTRALIZAR
-CENTRALIZACIÓN
DEL CURRÍCULO “PARA VOLVER A LO BÁSICO”: Reducir el número
de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y básicos,
es lo que se llama "volver a lo básico". Se da preponderancia a
Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas, en detrimento del resto: Música,
Economía, Plástica, Filosofía, Latín y Griego o Tecnología. Algunas de estas
asignaturas prácticamente desaparecen del Bachillerato.
-CARRERA
DE OBSTÁCULOS CON TRES REVÁLIDAS: Exámenes de evaluación
externa al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un
modelo de enseñanza basado en la presión del examen. Si no se aprueban estas
pruebas, no se obtienen los títulos correspondientes, aun cuando se hayan
superado todas las asignaturas de 4º de ESO o 2º de Bachillerato. En el caso de
Bachillerato, habrá que aprobar, además, exámenes selectivos para el acceso a
cualquier grado. Así, se concibe la educación como un camino minado de pruebas
y exámenes continuos. El problema añadido es que se acaba estudiando lo que se
evalúa, y el tiempo y los esfuerzos docentes se concentran en preparar al
alumnado para resolver exámenes en todas las etapas educativas.
3.
SEGREGAR
-JERARQUIZACIÓN
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: Se dota más poder a los directores,
equiparándolos a los gestores de una empresa. Se le atribuyen competencias para
aprobar los proyectos y normas, como el proyecto educativo, el proyecto de
gestión, las normas de organización y funcionamiento, los planes de trabajo y
la organización de horarios-. También pueden decidir sobre la admisión de
alumnos (Art 132). Los directores podrán seleccionar profesorado, aunque no
esté en bolsa de Interinos, saltándose criterios normativos en el caso del
profesorado funcionario –igualdad, mérito y capacidad-: "El director del Centro dispondrá de autonomía para adaptar
recursos humanos a las necesidades del Centro (...) a) Establecer requisitos y
méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, así
como los lugares en interinidad. En este caso podrán rechazarse, mediante
decisión motivada, la incorporación de personal procedente de las listas
centralizadas; b) Proponer de forma motivada el nombramiento de profesores que,
habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la
continuidad de los mismos” (Art 122.bis4).
En sintonía con lo
anterior, se reducen las atribuciones y funciones del Consejo Escolar, que deja
de ser órgano de decisión, y pasa a ser un mero órgano consultivo (Art 127).
Además, se minimiza la intervención del Consejo Escolar en la elección del
director (Art 133 y 135). La selección será realizada por una comisión constituida por
representantes de las Administraciones educativas, y por representantes del
centro (“en una proporción mayor del 30 y
menor del 50%”). Así, la Administración tendrá ahora más de un 50 % de poder
decisorio y el Consejo Escolar sólo un papel consultivo. Se impide, pues, a los
docentes, padres y alumnado su participación en las decisiones más importantes
del Centro. Donde la Ley
de 2006 decía: “Aprobar y evaluar los
proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente ley orgánica -proyecto educativo, recursos, proyecto de gestión,
normas de organización y funcionamiento, planes de trabajo, organización de
horarios...-”, el Anteproyecto sólo le confiere la capacidad de evaluar
dichos proyectos, pero no de aprobarlos. Lo mismo sucede en lo concerniente a la Programación General
Anual del centro. Asimismo, donde la Ley Orgánica le otorgaba la potestad para decidir
la admisión del alumnado, el Anteproyecto sólo le reconoce capacidad de
informar al respecto, asimilando en este aspecto a los Centros públicos con los
privados concertados.
-SEGREGACIÓN
DEL ALUMNADO: Al finalizar 1º de ESO ya comienza la
segregación por resultados.
Se crean “Programas de
mejora del aprendizaje y el rendimiento” de dos cursos que se pueden
empezar con 13 años para quienes hayan cursado 1º de ESO y repetido algún curso
en primaria o secundaria. Estos programas (a diferencia de los actuales de
diversificación) no se orientan a la obtención del título de ESO, sino de un
certificado de estudios (Art 27.8). En la práctica, se abandona la atención a
la diversidad.
Se crea un nuevo tramo
educativo, los ciclos de Formación Profesional Básica en dos cursos como vía
alternativa al 4º de ESO. La Formación Profesional Básica sustituye a los
programas de cualificación profesional (PCPI). Si se supera, se obtiene el
Título Profesional Básico que permite acceder a los ciclos formativos de grado
medio (Art 30).
Se crean dos itinerarios
diferenciados e irreversibles en 4 º de ESO: uno académico, para la iniciación
al bachillerato, y otro de enseñanzas aplicadas, para la iniciación a la Formación Profesional
(Art 25).
-SEGREGACIÓN
POR CREENCIAS: Desaparece las asignaturas de Educación
Cívica y Constitucional (5º de primaria y 3º ESO) y Educación Ético-Cívica
(4ºESO) –ambas son ahora comunes para todos los alumnos-. En cambio, se
recupera la propuesta de la Conferencia Episcopal: una asignatura evaluable
sobre valores, alternativa a la enseñanza confesional. La nueva materia se
llamará Valores Culturales y Sociales (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria),
y contraviene diversas sentencias de altos tribunales que consideran
inconstitucional ofertar una enseñanza en valores éticos que no sea común para
todos.
Más
que niños educados, esta ley parece perseguir niños encadenados. Después de
todo lo visto, causa estupor leer las siguientes palabras en el Preámbulo o
Exposición de Motivos del Anteproyecto:
“Solo un sistema educativo de calidad,
inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace
efectiva la posibilidad de que cada alumno desarrolle el máximo de sus
potencialidades.” (Exposición de motivos, I)
“La escuela, y en especial la escuela
pública, ha encontrado su principal razón de ser en la lucha contra la
inevitabilidad de las situaciones de injusticia o de degradación que han ido
acaeciendo en cada momento de su historia. La escuela moderna es la valedora de
la educación como utopía de justicia social y bienestar”. (Ídem, III)
“Necesitamos propiciar las condiciones que
permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumno sea un
elemento activo en el proceso de aprendizaje”. (Ídem, IV)
__________________
Resumen:
______________________________________________
-La Ley Hipotecaria española de 1946, concede a la Iglesia católica la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. Éste es el acto conocido como “inmatriculación”, y está contemplado en el artículo 206 de la ley hipotecaria española. Exigimos la eliminación de esa potestad.
-La inspección permanente por parte del Ministerio de Cultura del patrimonio histórico artístico en manos de la iglesia católica con la publicación anual junto al catalogo general de obras y bienes histórico artísticos la de aquellos que hubieran sufrido
alteraciones y sus causas.
-La eliminación del carácter de entidad pública de cualquier confesión religiosa siéndoles de aplicación la normativa correspondiente al derecho privado.
-Los poderes públicos han de garantizar la pertenencia o no pertenecía, cuando lo desee, de una persona a una determinada confesión religiosa, sin mayor requisito que darse de baja.
-La enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión quedará fuera de la escuela pública y concertada. Mientras tanto esto no se consiga, deberá quedar, en todo caso, fuera del horario lectivo.
-No se subvencionará, en ningún caso, centros educativos con ideario propio ya sea carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular.
*Algunas de estas propuestas corresponden al poder legislativo estatal. Por ello, sugerimos la presentación de MOCIONES e INICIATIVAS en ayuntamientos y cámaras legislativas territoriales, en aquellas cuestiones que a nivel municipal o autonómico no se puedan resolver.
Nivel autonómico:
INDEPENDENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RESPECTO A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS
(4 propuestas)
Que se concretan en:
-No se donará suelo público ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades confesionales a ninguna confesión o institución religiosa en la Comunidad Andaluza.
-Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones locales y autonómica de Andalucía.
-Las administraciones locales y la Junta de Andalucía no promoverán, en ningún caso, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo. Asimismo, ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.
-Petición pública de explicaciones y la correspondiente crítica a través de los medios y en las instituciones a las autoridades que vulneren la laicidad del Estado.
GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
(5 propuestas)
Que se concretan en:
-Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil, escolar o administrativa.
-Excluir de los centros públicos sanitarios, residencias, etc. que dependan de las administraciones locales o de la Junta de Andalucía, la presencia institucional de clérigos. Así como eliminar las capillas y los símbolos religiosos de cualquier espacio público escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, ayuntamientos, juzgados, oficinas públicas de las administraciones, etc.
-Garantizar en toda la red sanitaria pública andaluza la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.
-Facilitar que las ceremonias civiles (Acogida, mayoría de edad, matrimonio, funerales) se celebren dignamente, dando las administraciones Local y Andaluza todas las facilidades posibles a la ciudadanía.
-Incorporar referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares.
CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ponencia presentada en el CONGRESO ESTATAL SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR, organizado por el Ministerio de Educación (Jaén, DICIEMBRE DE 2011)Resumen:
Resulta evidente la grave
responsabilidad de las administraciones educativas en lo concerniente a la
ratio profesor-alumno, los recursos humanos, materiales y financieros, el apoyo
a la formación y el prestigio del profesorado o la labor de la inspección
educativa. Considero, no obstante, que, dentro de su propia autonomía, los Centros
cuentan con potentes instrumentos para mejorar notablemente la convivencia escolar,
elemento esencial para ofrecer una formación integral a nuestro alumnado. El presente
artículo analiza aspectos de la gestión docente que inciden en el clima de convivencia.
Entre ellos, la confección de los grupos, la diversificación curricular, la coordinación
docente, o la participación de los padres y el alumnado. El artículo concluye
reivindicando el espíritu de rigor intelectual, formación integral, aventura y
compromiso que con tanto
éxito pusieron en práctica los docentes de la Institución Libre
de Enseñanza o de la
Escuela Moderna.
PARA ACCEDER AL TEXTO COMPLETO DE LA PONENCIA PULSAR AQUÍ
PARA ACCEDER AL TEXTO COMPLETO DE LA PONENCIA PULSAR AQUÍ
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(PROPUESTAS DE EUROPA LAICA -continuación-. Viene de la página principal)
-Que ninguna autoridad pública o funcionario participe en calidad de tal, en actos de carácter confesional.-La Ley Hipotecaria española de 1946, concede a la Iglesia católica la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. Éste es el acto conocido como “inmatriculación”, y está contemplado en el artículo 206 de la ley hipotecaria española. Exigimos la eliminación de esa potestad.
-La inspección permanente por parte del Ministerio de Cultura del patrimonio histórico artístico en manos de la iglesia católica con la publicación anual junto al catalogo general de obras y bienes histórico artísticos la de aquellos que hubieran sufrido
alteraciones y sus causas.
-La eliminación del carácter de entidad pública de cualquier confesión religiosa siéndoles de aplicación la normativa correspondiente al derecho privado.
-Los poderes públicos han de garantizar la pertenencia o no pertenecía, cuando lo desee, de una persona a una determinada confesión religiosa, sin mayor requisito que darse de baja.
-La enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión quedará fuera de la escuela pública y concertada. Mientras tanto esto no se consiga, deberá quedar, en todo caso, fuera del horario lectivo.
-No se subvencionará, en ningún caso, centros educativos con ideario propio ya sea carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular.
*Algunas de estas propuestas corresponden al poder legislativo estatal. Por ello, sugerimos la presentación de MOCIONES e INICIATIVAS en ayuntamientos y cámaras legislativas territoriales, en aquellas cuestiones que a nivel municipal o autonómico no se puedan resolver.
Nivel autonómico:
INDEPENDENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RESPECTO A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS
(4 propuestas)
Que se concretan en:
-No se donará suelo público ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades confesionales a ninguna confesión o institución religiosa en la Comunidad Andaluza.
-Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones locales y autonómica de Andalucía.
-Las administraciones locales y la Junta de Andalucía no promoverán, en ningún caso, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo. Asimismo, ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.
-Petición pública de explicaciones y la correspondiente crítica a través de los medios y en las instituciones a las autoridades que vulneren la laicidad del Estado.
GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
(5 propuestas)
Que se concretan en:
-Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil, escolar o administrativa.
-Excluir de los centros públicos sanitarios, residencias, etc. que dependan de las administraciones locales o de la Junta de Andalucía, la presencia institucional de clérigos. Así como eliminar las capillas y los símbolos religiosos de cualquier espacio público escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, ayuntamientos, juzgados, oficinas públicas de las administraciones, etc.
-Garantizar en toda la red sanitaria pública andaluza la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.
-Facilitar que las ceremonias civiles (Acogida, mayoría de edad, matrimonio, funerales) se celebren dignamente, dando las administraciones Local y Andaluza todas las facilidades posibles a la ciudadanía.
-Incorporar referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares.
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ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA
DEL SISTEMA EDUCATIVO
(...Viene de la PÁGINA PRINCIPAL)
8. Periodos vacacionales
8.1 En general, desvincular las festividades de las celebraciones religiosas. En particular, instituir unas vacaciones de primavera al margen de la celebración religiosa de la Semana Santa tanto en pro de la laicidad, como para evitar la variabilidad actual de la duración de los dos últimos trimestres. (No obstante, puede mantenerse la festividad del jueves y/o viernes santos). Se trataría de implantar como período vacacional la primera semana de abril.
9. Departamentos Didácticos
9.1 Mantenimiento de los actuales departamentos didácticos por la especialización que requieren las diversas áreas en Secundaria.
9.2 Creación de coordinadores de áreas para fomentar la colaboración interdisciplinar.
10. Inspección
10.1 Potenciar su función:
-Un inspector por cada cinco Centros.
-Asesoramiento y control periódico a departamentos: programaciones, criterios de evaluación, etc.
-Presencia frecuente en el aula a lo largo de la vida profesional del docente para asesorarle.
-Reuniones periódicas del inspector de Centro con padres y también con alumnos para conocer sus preocupaciones, sugerencias de mejora, etc.
11. Profesorado
11.1 Mejorar el sistema de selección del profesorado especificando el perfil que deben reunir quienes formen parte de un tribunal de oposiciones. Debe valorarse en especial la experiencia docente y la participación en proyectos de innovación, y también la formación didáctica.
11.2 Reducción general para todo el profesorado de secundaria a 15 horas semanales de clase
11.3 Igualar el complemento económico de Jefaturas de Departamento y Tutorías.
11.4 Conceder un año sabático (con proyecto de formación científica y/o didáctica) para todo el profesorado cada 15 años de servicios efectivos en la docencia.
11.5 Reducción de clases a partir de los 50 años (sin reducción de sueldo)
11.6 Mantenimiento indefinido de los incentivos económicos para la jubilación anticipada a partir de los 60 años.
11.7 Creación de la figura del profesor emérito para profesor@s jubilados (sin sueldo asignado). Su función se reduciría a colaborar en actividades no docentes como visitas, charlas, etc…
11.8 Introducción de un nuevo complemento económico para todos aquellos profesor@s que participen en:
- Organización y acompañamiento en salidas del Centro fuera del horario escolar
- Coordinación de programas específicos
-Realización de actividades extraescolares fuera del horario lectivo (talleres, cine-forum, teatro, etc…)
12. Contenidos12.1 Simplificar el currículo de Primaria y concentrar los esfuerzos en capacitar al alumnado en las siguientes competencias:
- Lectura comprensiva
- Expresión correcta (oral y escrita)
- Cálculo sencillo
- Nuevas tecnologías
- Lenguas modernas
- Formación artística
- Educación emocional
13. Estructura del sistema
13.1 Suprimir 4º de Educación Secundaria Obligatoria y ampliar en un curso el Bachillerato. Al finalizar 3º de ESO, el alumnado optaría por un Programa de Cualificación Profesional Inicial (un curso), Ciclos Formativos de Grado Medio (dos cursos) o Bachillerato (tres cursos).
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Análisis de la L.O.E. desde una perspectiva laicista
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(Viene de la PÁGINA PRINCIPAL)
...Los últimos gobiernos, amparándose en esos Acuerdos obsoletos, le han concedido tal espacio a la doctrina católica en el horario lectivo y el currículo oficial de la enseñanza obligatoria y posobligatoria, que han hecho de ella una ‘materia’ con muchas más horas que disciplinas como la ética, la filosofía, la música, el dibujo y un largo etcétera -la doctrina religiosa es la única ‘materia’ que, junto con la lengua, goza del privilegio de estar presente en todos los cursos, tanto de la primaria como de la secundaria-, manifestando poca preocupación por la calidad de nuestra enseñanza, nula sensibilidad hacia las minorías, amén de hacer caso omiso al sentido común que pone al descubierto la contradicción entre esta situación y el carácter laico de un Estado democrático.
Los obispos, las confederaciones católicas de padres y los empresarios católicos de la enseñanza, aprovechando la posición de privilegio que les concede esos Acuerdos, no aceptaron una propuesta que, aunque insasfactoria, podía resolver en parte el problema: que la religión se impartiera en los centros, pero fuera del horario lectivo y del currículo –esto dejaría libres a quienes no están interesados por esta doctrina–; tampoco admiten que la religión católica o la alternativa no sean evaluables; rechazan también que los demás alumnos recibieran contenidos curriculares o realizaran actividades de refuerzo durante el hueco que la formación doctrinaria abría en sus horarios. Se está incurriendo en la paradoja de dedicar un precioso espacio del escaso tiempo lectivo para impartir contenidos que explícitamente se dice que no son ni pueden ser curriculares: “mirad niños, vosotros que no queréis religión, tenéis que quedaros en el Centro mientras que el resto la reciben, aunque sea para perder el tiempo”. Los alumnos de la alternativa han acabado convirtiéndose, de este modo, en rehenes de las creencias e intereses ajenos. A la postre, ellos sí han resultado discriminados. La batalla legal continúa y el horizonte, que difiere según Comunidades, es muy confuso o, tal vez, pretendidamente ambiguo.
También es preocupante la segregación de los niños por razones ideológicas y, por tanto, la fractura social que, desde la escuela, se está creando al enfrentar a padres y alumnos a una disyuntiva que parece abrir dos caminos irreconciliables en la formación del individuo: una moral religiosa o una moral laica; cuando es sólo esta última la que debe garantizar el Estado. La formación en valores corresponde a la Ética, disciplina que garantiza una reflexión moral basada en la razón que nos une y abierta al diálogo entre sensibilidades distintas. Sólo una asignatura como ésta, que aun siendo tan esencial sólo está presente en un curso -4º de ESO-, impartida por profesores con una preparación filosófica puede garantizar una formación básica en asuntos morales. El Estado no puede encomendar esta labor a ninguna iglesia, por respetable que sea. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en la vieja doctrina agustiniana de los dos reinos: el de los creyentes, que reciben la buena doctrina, que son adoctrinados en la verdad y en el bien, y el de los pecadores. A la vista de esto, ¿dónde queda la labor integradora de la escuela?, ¿cómo explica un maestro a sus alumnos que el grupo se disgrega a determinadas horas lectivas por diferencias ideológicas entre sus respectivos padres?
En cuanto a los profesores de religión católica, se encuentran en una situación irregular: se trata de miles de docentes que imparten unos contenidos doctrinales que sólo la Iglesia controla y decide; reciben su nómina de las arcas públicas pero son nombrados y cesados por las autoridades religiosas, sin someterse a ningún control público ni a procedimientos de concurso–oposición como cualquier funcionario. Ministros de la Iglesia adquieren, así, in pectore, el papel de funcionarios públicos. Sin embargo, quien tiene potestad para nombrarlos y cesarlos a su antojo (la Iglesia) no respeta los derechos básicos de los trabajadores reconocidos en nuestra legislación, y cuando alguno acuede a los tribunales, éstos hacen responsable al Estado del desaguisado. Ningún empresario pudo gozar jamás de situación más ventajosa.
La escuela se convierte también en púlpito desde el que la Iglesia utiliza a sus catequistas para divulgar sus avanzadas ideas acerca de las investigaciones médicas más punteras (fecundación in vitro, células madre), su moral sexual (¿cómo puede explicarse a los alumnos y alumnas de hoy asuntos tan espinosos como la virginidad de María?), o sus condenas a homosexuales, mujeres que abortan, prácticas de control de natalidad... ¿Puede un Estado hacer como que no ve ni oye esa labor de acoso a valores cívicos, apreciados por la población como conquistas irrenunciables, que tiene lugar en el medio escolar?
Se trata de un asunto que afecta de manera trascendental a la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos, pero que no se acaba de resolver por la coincidencia de intereses ideológicos (si a la Iglesia católica se le priva de un medio tan potente como la escuela para adoctrinar y reclutar, se le corta el principal cordón umbilical con el que cuenta hoy para llegar a amplias capas sociales), y pecuniarios: miles de contratados a costa de lo público, además del floreciente negocio de las escuelas concertadas. ¿Por qué se siguen haciendo conciertos cuando sobran plazas en muchos centros de primaria? ¿Por qué se sigue admitiendo que los concertados –sostenidos con dinero público- seleccionen a su alumnado, rechazando sistemáticamente a inmigrantes o discapacitados?
Hallamos también en este contexto una interpretación incorrecta de los valores democráticos a los que se acude frecuentemente para defender la legitimidad de determinadas situaciones: quienes representan los intereses de la parte católica utilizan como argumento a su favor la “aplastante mayoría” de padres o alumnos que solicitan o exigen una formación religiosa. Tenemos que recordar que lo que sustenta una democracia no es el imperio de las mayorías, sino el de la palabra, el derecho igual para todos (isonomía) y el consenso como método de resolución de conflictos. La imposición de unas opciones ideológicas sobre otras por el hecho de que las primeras sean mayoritarias o más fuertes, cuando suponen lesión de los derechos de las minorías, no es sino la tarjeta de presentación del totalitarismo. Pensemos, si no, en cómo han usado dictadores contemporáneos la mayoría democrática que alcanzaron en las urnas. Y es que el juego de las mayorías sólo es democrático cuando se respetan las reglas, o sea, cuando los derechos de todos quedan a salvo. Posiblemente en Irán haya una mayoría de la población que comulgue con el integrismo, pero eso no da sanción democrática al régimen de los ayatolás y, desde luego, no les legitima para merendarse a la minoría restante. Y por eso también hay leyes que algunos ciudadanos no asumiremos nunca aun cuando sean apoyadas por una aplastante mayoría en referéndum, como es el caso de la pena de muerte: nos seguirán pareciendo inmorales e injustas tras ese refrendo popular.
Aprovechar lo público para imponer opciones ideológicas sin respetar el fuero interno de cada ciudadano y el derecho a la privacidad, especialmente cuando tal incursión se produce en el ámbito educativo, tal vez el más sensible de todos, constituye una rémora en el progreso hacia democracias más maduras, cuyo baremo de calidad ha de ser el escrupuloso respeto a las minorías, el respeto a lo diverso. En este sentido la laicidad se convierte en un valor democrático esencial, incluso en un termómetro con el que medir la salud democrática de un pueblo. Y no se puede seguir pidiendo paciencia después de casi tres décadas, cuando hay tanta prisa en el gobierno por resolver otros problemas que no son menores, mas tampoco mayores, como las reformas estatutarias.
El laicismo supone suprimir cualquier formación doctrinaria del currículo oficial; dejar de llamar a los centros escolares con nombres vinculados a una determinada opción religiosa; eliminar de las diversas dependencias escolares los símbolos religiosos; o dejar de configurar el calendario escolar en función de las festividades católicas: que sean sólo razones pedagógicas las que marquen los períodos de descanso. Conseguir una enseñanza libre de imposiciones ideológicas es algo que afecta de manera trascendental a la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos y, por ello, a que la sociedad que se construye en la escuela goce de buena salud democrática.
AULA LIBRE DIGITAL y LIBRE PENSAMIENTO, nº 60. Febrero de 2009
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Escuela laica:
la libertad de conciencia sin rehenes
la libertad de conciencia sin rehenes
(Resumen: La presencia de la formación religiosa doctrinaria en las escuelas supone una incursión ilegítima de lo privado en lo público que lesiona gravemente derechos individuales y colectivos, disgrega la sociedad y vulnera los principios de convivencia democrática.)
Cuando mi hijo tenía seis años veíamos juntos un programa de televisión y apareció el título de un reportaje que próximamente iban a proyectar y que incluía el término ‘pecado’. Mi hijo, muy observador, me dijo: “Papá ahí hay un error: han escrito ‘pecado’ en lugar de ‘pescado’”. Hoy, dos años después, él sabe distinguir perfectamente ambos términos a pesar de que, supuestamente, no recibe formación religiosa ni en la escuela ni fuera de ella.
Todavía hoy nos vemos en la necesidad y la obligación de exigir, en lo que respecta a la educación de nuestros hijos, los mismos derechos y libertades que, a finales del siglo XIX quería Pi i Margall, epónimo de la Asociación organizadora de este Encuentro, y que, como fugaz presidente de la Primera República Española (tan sólo un mes estuvo en este cargo: desde el 11 de junio hasta el 18 de julio de 1873) no pudo llevar a cabo por la ruda oposición de los poderes reaccionarios tan influyentes, no sólo entonces, en una España casi ajena a la Ilustración.
I. Tolerancia y respeto
Como escribió el filósofo alemán Immanuel Kant, la minoría de edad religiosa es la más humillante de todas por ser la que más atenta contra la dignidad de los ciudadanos. Pero la Iglesia católica se resiste a abandonar el espacio que ocupó en la escuela pública bajo el nacionalcatolicismo. Muchos intereses así se lo aconsejan: económicos, sobre todo, mas también de influencia social: a través de la escuela hace proselitismo para, por ejemplo, abastecer las catequesis parroquiales.
Vemos cómo en este debate emergen los valores de ‘tolerancia’, ‘respeto’ y ‘dignidad’, todos ellos con profunda raigambre en las tradiciones pedagógica y filosófica.
La ‘tolerancia’ es un valor surgido en el XVII. En el fragor de las guerras de religión que asolaban Europa, la tolerancia aparecía como un mal menor: para poder convivir es necesario “sufrir” de la mejor manera posible a quienes son diferentes e inferiores. En 1666 John Locke, padre del liberalismo político, escribe su Ensayo sobre la tolerancia, y unos años después (1685) la Epístola de la tolerancia. En ambos opúsculos propugna la separación entre el poder religioso y el político, la aceptación de todo tipo de opinión religiosa que no atentara contra los principios fundamentales de la sociedad constituida, así como un respeto escrupuloso a la intimidad personal de los ciudadanos. Pero lo que mueve a Locke no es sino el temor a las turbulentas diferencias de religión que entorpecieron la vida civil tanto en Inglaterra como en el continente ( Carlos Mellizo, en John Locke, Ensayo y carta sobre la tolerancia, (trad. de Carlos Mellizo), editorial Alianza, Madrid, 1999, Prólogo, pp. 7-17.): se trataba entonces de hacer posible la convivencia entre las diferentes iglesias cristianas surgidas a raíz de la Reforma Luterana. Anglicanos, presbiterianos y católicos habían sido igualmente invadidos de un celo proselitista que les impedía aceptar opiniones religiosas diferentes de las suyas. Locke, preocupado por las tendencias pro-católicas del rey Carlos II, recomienda la tolerancia con todas las opciones religiosas que se dan en suelo inglés, salvo con la católica. Tampoco se manifiesta tolerante con los ateos.
Kant, el gran filósofo alemán, que profesaba el pietismo, reflexiona ampliamente sobre la Ilustración y su principal lastre: la minoría de edad religiosa en que la autoridad mantiene a amplios sectores de la población analfabeta. En su breve ensayo “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?” elogia al monarca ilustrado Federico II de Prusia con estas palabras: “Un príncipe que no encuentra indigno de sí mismo declarar que considera como un deber no prescribir nada a los hombres en materia de religión, sino que les deja en ello plena libertad y que incluso rechaza el pretencioso nombre de tolerancia, es un príncipe ilustrado, y merece que el mundo y la posteridad lo ensalcen con agradecimiento. Por lo menos fue el primero que desde el gobierno sacó al género humano de la minoría de edad, dejando a cada uno en libertad de servirse de su propia razón en todas las cuestiones de conciencia moral.”( Traducción de A. Mestre y J. Romagosa, Ed. Tecnos, Madrid.)
Encontramos hoy una cierta confusión en el uso del término ‘tolerancia’ referido a asuntos religiosos. Así, por ejemplo, desde posiciones católicas se nos acusa de intolerancia cuando exigimos la retirada de los símbolos religiosos de los lugares públicos (colegios, hospitales, juzgados) por considerarlos ofensivos o, cuando menos, como una imposición de un sector, mayoritario, sí, sobre el resto de la población. Etimológicamente, tolerancia procede de tolerantia (paciencia, sufrimiento). Hablamos de ser tolerantes con el que es diferente, mas también se tolera el calor o incluso un insecto molesto. ‘Tolerar’ significa consentir, y en su familia semántica encontramos términos como ‘admitir’ o incluso ‘aguantar’ o ‘disculpar’, ‘excusar’, ‘soportar’, ‘sobrellevar’ o ‘sufrir’. En todo caso hace referencia este concepto a la actitud permisiva que adopta quien tiene poder o autoridad para ello. Es, pues, un contexto de beligerancia o posiciones desiguales el que admite el término ‘tolerancia’. Y por eso a Kant le parecía ‘pretencioso’ hablar de tolerancia en cuestiones religiosas. Tal vez también sea por eso que quienes más hablan hoy de tolerancia sean justamente aquellos que parten de una posición de ventaja o privilegio.
Por todo ello creo que al exigir un Estado laico no es tolerancia lo que pedimos, sino algo más: respeto como virtud sobre la que edificar una auténtica convivencia democrática. El respeto implica desde luego tolerancia, mas ésta no siempre nos remite a aquél. El respeto entraña consideración que es la actitud que se adopta hacia aquello que no se toma a la ligera. Aquí se trata de posiciones que se consideran iguales en legitimidad y derechos. Este término procede del latín respectus, acción de mirar atrás, atención, respeto. Es interesante ese primer matiz: lo contrario de respetar es dar la espalda, o sea, ignorar y olvidar. Por eso, en su familia semántica hallamos vocablos como ‘guardar’, ‘enaltecer’, ‘honrar’, o valores tan útiles socialmente pero tan olvidados como la ‘mesura’ y la ‘confianza’. Respeto es el sentimiento de valoración mutua que se profesan quienes están convencidos de la autenticidad de formas de vida y pensamiento distintas a las suyas. Para Kant es el único sentimiento moral y racional, y se dirige sólo a personas, nunca a cosas. La tolerancia puede ignorar al otro; el respeto atiende al diferente y, por ello, es más prolífico. Definitivamente, el respeto es un valor superior a la tolerancia. El Estado tiene que garantizar al menos la tolerancia, mas debe aspirar a la convivencia respetuosa entre las diferentes opciones, o sea, a la convivencia armoniosa. A ello no contribuyen situaciones de ventaja de unas opciones sobre las restantes. En todo caso, es el respeto a las minorías lo que distingue y constituye la esencia de la democracia. Hablamos, pues, de la necesidad de instaurar de una vez un Estado Laico en España, una exigencia que sigue estando vigente veintitrés años después de la proclamación de la Constitución.
II. Democracia y pluralismo
Pero vayamos ya a la escuela. Aprovechar lo público para imponer opciones ideológicas sin respetar el fuero interno de cada ciudadano y el derecho a la privacidad, especialmente cuando tal incursión se produce en el ámbito educativo, tal vez el más sensible de todos, constituye un paso atrás en el progreso hacia democracias más maduras, cuyo baremo de calidad ha de ser el escrupuloso respeto a las minorías, el respeto a lo diverso.
Hallamos también en este contexto un uso inadecuado de los valores democráticos a los que se acude frecuentemente para defender la legitimidad de determinadas situaciones: quienes representan los intereses de la parte católica (en ocasiones los mismos profesores de religión) apelan una y otra vez como argumento a su favor a la “aplastante mayoría” de padres o alumnos que solicitan o exigen una formación religiosa. Tenemos que recordar que lo que sustenta una democracia no es el imperio de las mayorías, sino el de la palabra, el derecho igual para todos (isonomía) y el consenso como método de resolución de conflictos. La imposición de unas opciones ideológicas sobre otras por el hecho de que las primeras sean mayoritarias o más fuertes, cuando suponen lesión de los derechos de las minorías, no es sino la tarjeta de presentación del totalitarismo. Pensemos, si no, en cómo han usado dictadores contemporáneos la mayoría democrática que alcanzaron en las urnas. Y es que el juego de las mayorías sólo es democrático cuando se respetan las reglas, o sea, cuando los derechos de todos quedan a salvo. Posiblemente en Afganistán haya una mayoría de la población que comulgue con el integrismo, pero eso no da sanción democrática al régimen talibán y desde luego no les legitima para merendarse a la minoría restante. Y por eso también hay leyes que algunos ciudadanos no asumiremos nunca aun cuando sean apoyadas por una aplastante mayoría en referéndum, como es el caso de la pena de muerte: nos seguirán pareciendo inmorales e injustas tras ese refrendo popular.
Karl Jaspers, filósofo representante del existencialismo cristiano, ha escrito: “Hoy buscamos el terreno en el que los hombres procedentes de todas las creencias puedan encontrarse (...) El terreno común para la pluralidad de creencias sería únicamente la claridad del modo de pensamiento, la veracidad y un saber fundamental común. Sólo estos tres elementos hacen posible aquella comunicación ilimitada en la que los orígenes de las respectivas creencias entran recíprocamente en razón de su seriedad”( La fe filosófica ante la revelación, Gredos, Madrid, 1968, p. 7.). No se pide, pues, tolerancia, sino respeto: sólo en el ámbito que el respeto demarca puede germinar un diálogo fructífero entre opciones religiosas diversas. Pero son tres las condiciones requeridas: claridad, veracidad y un saber fundamental común. Este último es el que debe garantizar un estado moderno, un saber práctico que transmite los valores esenciales para una convivencia democrática entre ciudadanos libres, autónomos e ilustrados.
Pero todo esto todavía no es posible: la presencia de la formación religiosa doctrinaria –en el caso de España, fundamentalmente católica–, en el currículo oficial de la Enseñanza Primaria, Secundaria, Bachillerato y, si nada lo remedia y se llega a aplicar el borrador que elaboró el señor Rajoy siendo ministro de Educación, pronto también en Infantil, constituye una situación consolidada, pero irregular, pues provoca tensiones y perjuicios a un sector importante de los alumnos: en especial, aunque no sólo, a aquellos que se ven obligados a escoger una alternativa. Ellos, o sus padres, no deciden en libertad: es el deseo de sus compañeros creyentes de recibir doctrina –deseo al que un Estado aconfesional debe permanecer ajeno–, lo que obliga al resto a recibir una determinada formación alternativa; situación que, como vamos a ver, los convierte en rehenes de los primeros.
III. La escuela confesional y la escuela laica
El año 1999, un grupo de padres afectados por este statu quo nos reunimos con el fin de tomar contacto y adoptar una postura común. Constatamos el largo trecho que, a pesar de lo lejana que queda ya la Ilustración, queda aún por recorrer en el camino hacia el verdadero establecimiento de la independencia del poder político respecto al religioso, permitiendo así el respeto de todas las opciones ideológicas, por minoritarias que puedan ser. En el caso del colegio de nuestros hijos –el Colegio Público Virgen de la Cabeza de Motril–, nos encontramos con heraldos muy significativos: crucifijos presidiendo aulas, imágenes religiosas sobre las estanterías de la biblioteca, padres que dicen haber optado por la religión católica para sus hijos porque no ven claro qué hacen los alumnos que no la escogen o incluso por miedo al ‘señalamiento’ de éstos. La presión social ejerce un papel importante, en particular cuando se aproximan fechas especiales como las primeras comuniones, expresión de las antiguas celebraciones del tránsito de la niñez a la pubertad. La situación se ve agravada por la circunstancia de que los niños que son obligados a recibir una formación alternativa a las doctrinas religiosas, deben abandonar el aula durante la hora en que éstas se están impartiendo. Entonces son conducidos a algún lugar de la escuela en el que matan el tiempo de cualquier forma, pues en muchos centros públicos no se ofrecen alternativas que sean atractivas o, al menos, dignas: lo más común es que no se oferte nada, con el pretexto de que son muy pocos alumnos –por ese mismo argumento deberíamos de abandonar aspectos tan integradores de la LOGSE como la diversificación curricular o la comprensividad–. Todo esto queda a merced de la buena voluntad del maestro–tutor que, en muchos casos, es bastante.
Por lo que se refiere al aparato legal que ampara esta situación, la clave está en los Acuerdos firmados por la Iglesia y el Estado Español en 1979, y que ya deberían revisarse. Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, planteaba recientemente la necesidad de que el Tribunal Constitucional aborde, por fin, la propia constitucionalidad de esos acuerdos, especialmente en lo que contienen referido a enseñanza y asuntos culturales (El País, 17 de noviembre de 1999). No debemos olvidar en qué circunstancias históricas fueron firmados: la Iglesia supo aprovechar la situación de un gobierno acosado (Suárez) en una democracia todavía balbuciente para, partiendo de su estatuto de poder fáctico, asegurarse una presencia ventajosa en dos ámbitos esenciales: el económico y el educativo.
En el artículo segundo de estos Acuerdos se dice: “Los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”; y unas líneas después: “Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar”. En el artículo sexto: “A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica”. Son acuerdos de otros tiempos, de otra España, firmados el día 3 de enero del año 79 y publicados en el BOE el 15 de diciembre del mismo año.
En España los últimos gobiernos, amparándose en estos Acuerdos obsoletos, no han tenido empacho alguno en hacerle un hueco a la doctrina católica en el horario lectivo y el currículo oficial de Primaria, ESO y Bachillerato, distorsionando el proyecto inicial de la LOGSE y manifestando muy poca sensibilidad hacia las minorías, amén de hacer caso omiso al sentido común que pone al descubierto la contradicción entre esta situación y la aconfesionalidad de nuestro Estado, reconocida en el artículo 16.3 de la Constitución.
En el artículo 3.2, se dice: “Estas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los respectivos niveles educativos”; o en el 3.4 que “las actividades (alternativas) serán obligatorias para los alumnos que no opten por recibir enseñanza religiosa”. Pero, aún más sorpresa causa el apartado 1 de este mismo artículo: “Los padres (...) manifestarán, voluntariamente, al director del centro al comienzo de cada etapa o nivel educativos (...) su deseo de cursar las enseñanzas de Religión”. Este apartado, en nuestra opinión, entra en contradicción con el artículo 16.2 de la Constitución: “Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. La voluntariedad a la que se refiere el Real Decreto es en la práctica un mero adorno retórico: en el impreso de matrícula oficial, el padre o tutor se ve obligado a marcar la casilla correspondiente a la religión católica, musulmana, judía u otras confesiones religiosas, o bien la de alternativas, con lo que, en cualquier caso, hay capacidad de elección, mas también constricción en el hecho de manifestar las propias creencias. ¿Qué se hace con los alumnos cuyos padres, ejerciendo el derecho reconocido por la Constitución, decidan no marcar ninguna de esas casillas?. Los alumnos de la alternativa han acabado convirtiéndose, de este modo, en rehenes de las creencias e intereses ajenos. A la postre, ellos sí han resultado discriminados (La laicidad no sólo implica la separación efectiva y real de los poderes político y religioso, sino también la de las esferas pública y privada. El filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez afirma que el progreso moral de una democracia puede cifrarse en la ampliación progresiva de la esfera moral en la vida social, o sea, en el progresivo incremento de espacio sin legislar externamente de que goza el ciudadano (Ética, Grijalbo, Barcelona, 1979 —1969—). Defendemos la privacidad de las opciones ideológicas, políticas, religiosas y morales: que a nadie se le obligue a manifestarse, como hoy está ocurriendo en la enseñanza).
En la reciente reforma de humanidades emprendida por el gobierno de Aznar, se ha preferido restar horas lectivas a dos asignaturas esenciales en toda formación humanística, la música –que por fin gozaba de cierta presencia, aunque prácticamente testimonial, en el plan oficial de estudios de la enseñanza obligatoria– y el dibujo. Siendo materias destinadas a formar el gusto estético en una sociedad tan necesitada del mismo, han sido sacrificadas para hacer un hueco en el horario lectivo que hiciera posible la ampliación de las asignaturas de lengua y matemáticas. Más formativo hubiera sido conseguir esas horas restándoselas a la asignatura de religión; la única que, junto a la lengua, goza del privilegio de estar presente en todos los cursos, tanto de la primaria como de la secundaria, no sólo obligatoria, sino también postobligatoria. La propia CEAPA se ha hecho eco de esta situación tan difícil de explicar con argumentos pedagógicos.
También nos preocupa la fractura social que, desde la escuela, se está creando al enfrentar a los padres y alumnos a una disyuntiva artificial. Ante ellos se abren dos caminos aparentemente excluyentes en la formación del individuo: el de la moral religiosa y el de la moral laica. Pero es esta última la que debe garantizar el Estado, porque la moral racional debe constituir el marco de encuentro de todos los ciudadanos que buscan el bien común a través de los valores racionales y humanistas, poniendo entre paréntesis sus creencias. La formación en valores corresponde a la Ética, disciplina que garantiza una reflexión moral basada en la razón que nos une y abierta al diálogo entre sensibilidades distintas. Sólo una asignatura como ésta, que aun siendo tan esencial sólo está presente en un curso —4º de ESO—, impartida por profesores con una preparación filosófica puede garantizar un suelo común para todos en asuntos morales. El Estado no puede encomendar esta labor a ninguna iglesia, por respetable que sea. La opción contraria, que es la vigente ahora, nos hace incurrir en “la vieja doctrina agustiniana de los dos reinos” (“El de los creyentes y los santos, que reciben la buena doctrina, que son adoctrinados en la verdad y en el bien por encima de coyunturales mayorías, y el de los pecadores” -Gregorio Peces-Barba, ibíd.-) Francisco Giner de los Ríos ya insistió en esta idea en su artículo “La enseñanza confesional y la escuela” (1882) (Ensayos, Alianza, Madrid, 1973, págs. 172-175. Ortega insistió algo después en la misma idea. En su conferencia “La pedagogía social como programa político” (pronunciada en Bilbao el 12 de marzo de 1910 y publicada en Discursos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1990, págs. 40-62) comenta el hecho de que entre los estantes que llevó a Egipto Napoleón figuraba uno con el letrero “Política”, y en él se hallaban dos libros: la Biblia y el Corán. Política no significaba aquí el arte de hacer mejores a los hombres, sino de vencerlos dividiéndolos. Y añade Ortega: “La escuela confesional frente a la laica, es un principio de anarquía, porque es pedagogía disociadora” -pág. 59-): manifestándose con gran mesura y consideración hacia el papel que las diversas religiones positivas pueden desempeñar en la sociedad, exige al mismo tiempo que se excluya la enseñanza confesional o dogmática no sólo de las escuelas públicas, sino aun de las privadas pues, de lo contrario, “se está dividiendo a los niños, que luego han de ser hombres, en castas incomunicadas ya desde la cuna”. Hablamos, pues, de un modelo de enseñanza laica que debe ser común a todos los centros educativos.
En cuanto a los profesores de religión católica, se encuentran en una situación irregular que a ellos no les satisface, mas a nosotros tampoco: se trata de más de diez mil docentes, muchos de ellos religiosos, que imparten unos contenidos doctrinales que sólo la Iglesia controla y decide; reciben su nómina de las arcas públicas pero son nombrados y cesados discrecionalmente por las autoridades religiosas, sin someterse a procedimientos de concurso–oposición como cualquier funcionario. Ministros de la Iglesia adquieren, así, in pectore, el papel de funcionarios públicos.
Sería conveniente seguir en esto el ejemplo de nuestros convecinos europeos, pues es lo que algunos recomiendan siempre, no importa de lo que se trate, siguiendo en ello la máxima orteguiana según la cual “España era el problema y Europa la solución” (Ortega y Gasset, J.: Ibíd., pág. 62). Así, en Gran Bretaña, a pesar de ser el único país confesional de la UE, se imparte una asignatura común de Historia de las Religiones, necesaria para entender buena parte de nuestro acervo cultural y nuestro pasado. Mas en el ámbito educativo el argumento de “si esto se hace en Europa, también hay que hacerlo aquí” no parece funcionar en España, y no me refiero sólo al problema de la religión en las aulas, sino también a otros, como la inversión en Investigación, por ejemplo (Como ha escrito el teólogo seglar Enrique Miret Magdalena, “se impone que, si queremos vivir en un país democrático, donde se fomente desde la escuela la tolerancia y la cultura plurales, y que aprendamos desde niños la convivencia de convicciones, no hay más remedio que volver al estudio de ese amplio panorama cultural-religioso del que está impregnada nuestra civilización, dejando la transmisión de la fe católica a la familia, la Iglesia y los grupos católicos” -El País, 10 de octubre de 1999-).
IV. Conclusiones
Creemos que el actual estado de cosas no puede continuar por más tiempo en un país que pretender ser democrático y moderno. Por eso debemos unir esfuerzos y también por eso decidimos crear la Asociación Pi i Margall por la Educación Pública y Laica. A ella se han ido agregando padres, docentes tanto de primaria como de secundaria, y otras personas de diversos lugares y ocupaciones interesados por la defensa del valor de la laicidad.
Decidimos dar a nuestra asociación el nombre de Pi i Margall, filósofo y político comprometido en la defensa de la educación pública y la separación de los poderes civil y religioso. En obras como La razón individual y la colectiva, insistió en la necesidad de construir una moral laica basada en la razón que nos hace semejantes, y que es capaz de adquirir un valor universal más allá de las creencias de cada individuo o grupo social. Éstos son los valores sobre los que puede crecer una convivencia democrática o, más aún, fraterna. Pi es una de nuestras grandes figuras de las que podemos decir que han sido injustamente olvidadas y silenciadas. Una fácil investigación bibliográfica en la Hemeroteca de la Facultad de Filosofía de Granada me permitió comprobar que en los últimos veintiséis años tan sólo se han producido unas pocas publicaciones relacionadas con su vida y su obra (En 1975 un profundo estudio de Antoni Jutglar titulado Pi i Margall y el federalismo español, aparecido en la editorial Taurus, así como un estudio de Juan J. Trías Vejarano, Federalismo y reforma social en España, 1840-1874, publicado en Madrid; en 1981 una reedición de Unitarismo y federalismo en la editorial Emiliano Escolar, de Madrid; y en 1982 también una reedición de La reacción y la revolución en Anthropos, de Madrid. Así de escueta es la relación bibliográfica tanto de fuentes como de ensayos o estudios monográficos).
En la medida de nuestras fuerzas, que aunque escasas se ven suplidas por nuestros ánimos que no lo son tanto, queremos ser herederos de lo que supuso la Institución Libre de Enseñanza, la gran obra de Giner de los Ríos —a la que también estuvo próximo Pi—. La Institución supo aunar el esfuerzo de los librepensadores que en España han sido. Su espíritu puede expresarse con un aforismo de Ortega: “Todo lo que la religión puede dar lo da la cultura más enérgicamente” (Ortega y Gasset, J.: Ibíd., pág. 60). La Institución abrió sus puertas en Madrid en 1876 y tuvo que cerrarlas en 1936. Ciento veinticinco años después de su fundación seguimos pidiendo una escuela laica, no en contra nadie, sino a favor de una convivencia en la diversidad.
Termino señalando los aspectos esenciales que la enseñanza laica implica: suprimir cualquier formación doctrinaria —sea católica, musulmana o cualquier otra— del currículo oficial; dejar de llamar a los centros escolares con nombres vinculados a una determinada opción religiosa; dejar limpias las paredes de las diversas dependencias escolares de símbolos religiosos; dejar de configurar el calendario escolar en función de las festividades católicas: que sean sólo razones pedagógicas las que marquen los períodos de descanso; y eliminar las actividades relacionadas con las celebraciones religiosas —como la Navidad o el día de la Cruz, entre otras—. Conseguir una enseñanza libre de imposiciones ideológicas es algo que afecta de manera trascendental a la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos y, por ello, a que la sociedad que queremos ir construyendo goce de buena salud democrática.
En Dionisio Llamazares y otros, Laicidad en España. Estado de la cuestión a principios del siglo XXI, Ayuntamiento de Motril (Granada), 2001, págs. 141-155
¿Religión en la enseñanza
primaria y secundaria?
"Todo lo que la religión puede dar lo da la cultura más egregiamente"
(José Ortega y Gasset, La pedagogía social como programa político)
La presencia de la formación religiosa doctrinaria –en el caso de España, fundamentalmente católica–, en el currículo oficial de la Enseñanza Primaria y Secundaria –y, si nada lo remedia y se llega a aplicar el borrador que elaboró el señor Rajoy, siendo ministro de Educación, pronto también en Infantil–, constituye una situación consolidada, pero atípica, que provoca tensiones y perjuicios a un sector importante de los alumnos, en especial, aunque no sólo, a aquellos que se ven obligados a escoger una alternativa. Ellos, o sus padres, no deciden en libertad: es el deseo de sus compañeros creyentes de recibir doctrina –deseo al que un Estado aconfesional debe permanecer ajeno–, lo que obliga al resto a recibir una determinada formación alternativa.
El pasado seis de marzo un grupo de padres afectados nos reunimos con el fin de tomar contacto y adoptar alguna postura común. Constatamos el largo trecho que, a pesar de lo lejana que queda ya la Ilustración, queda aún por recorrer en el camino hacia el verdadero establecimiento de la independencia del poder político respecto al religioso, permitiendo así el respeto de todas las opciones ideológicas, por minoritarias que puedan ser. En el caso del colegio de nuestros hijos –el Colegio Público Virgen de la Cabeza de Motril–, nos encontramos con heraldos muy significativos: crucifijos presidiendo aulas, imágenes religiosas sobre las estanterías de la biblioteca, padres que dicen haber apuntado a sus hijos en religión católica porque no ven claro en qué ocupan el tiempo los que no la escogen o incluso por miedo al ‘señalamiento’ de sus hijos. La presión social aquí ejerce un papel importante, en particular cuando se aproximan fechas especiales como las primeras comuniones, expresión de las antiguas celebraciones del tránsito de la niñez a la pubertad. La situación se ve agravada por la circunstancia de que los niños de la alternativa a las doctrinas religiosas, deben abandonar el aula durante la hora en que éstas se están impartiendo. Entonces son conducidos a algún lugar de la escuela en el que matan el tiempo de cualquier forma, pues en muchos centros públicos no se ofrecen alternativas, no ya atractivas, ni tan siquiera dignas: lo más común es que no se oferte nada, con el pretexto de que son muy pocos alumnos –por ese mismo argumento deberíamos de abandonar aspectos tan integradores de la LOGSE como la diversificación curricular–. Todo esto queda a merced de la buena voluntad del maestro–tutor que, en muchos casos, es bastante.
Por lo que se refiere a la legalidad, la clave está en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que ya deberían revisarse. Así lo han pedido personas tan autorizadas como Gregorio Peces-Barba: “Quizás el Tribunal Constitucional aborde, por fin, la propia constitucionalidad de los Acuerdos con la Santa Sede, y en relación con el que nos ocupa sobre enseñanza y asuntos culturales” (El País, 17 de noviembre de 1999)–.
En el artículo segundo de estos Acuerdos se dice: “Los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”; y unas líneas después: “Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar”. En el artículo sexto: “A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica”. Son acuerdos de otros tiempos, de otra España, firmados el día 3 de enero del año 79 y publicados en el BOE el 15 de diciembre del mismo año.
Los últimos gobiernos, amparándose en estos Acuerdos obsoletos, no han tenido empacho alguno en hacerle un hueco a la doctrina católica en el horario lectivo y el currículo oficial de Primaria, ESO y Bachillerato, distorsionando el proyecto inicial de la LOGSE y manifestando muy poca sensibilidad hacia las minorías, amén de hacer caso omiso al sentido común que pone al descubierto la contradicción entre esta situación y la aconfesionalidad de nuestro Estado.
Son los obispos y confederaciones católicas de padres los que, con su intransigencia y aprovechando la posición de privilegio que les concede esos Acuerdos, han conducido a esta situación injusta y agraviante. No aceptaron la propuesta inicial que creemos era la más razonable: que la religión se impartiera en los centros, pero fuera del horario lectivo y del currículo –esto dejaría libres a quienes no están interesados por esta doctrina, pero las clases de religión perderían clientela–; tampoco admitieron que la religión católica no fuera evaluable –se convertiría en una maría–; rechazaron también que los demás alumnos recibieran actividades de refuerzo durante el hueco que la formación doctrinaria abría en sus horarios; tampoco les pareció bien el estudio asistido como alternativa. Los alumnos de la alternativa han acabado convirtiéndose, de este modo, en rehenes de las creencias e intereses ajenos. A la postre, ellos sí han resultado discriminados. La batalla legal continúa y el horizonte, que difiere según Comunidades, es muy confuso o, tal vez, pretendidamente ambiguo.
En la reciente reforma de humanidades emprendida por el gobierno de Aznar, se ha preferido restar horas lectivas a dos asignaturas esenciales en toda formación humanística, la música –que por fin gozaba de cierta presencia, aunque prácticamente testimonial, en el plan oficial de estudios de la enseñanza obligatoria– y el dibujo. Siendo materias destinadas a formar el gusto estético en una sociedad tan necesitada del mismo, han sido sacrificadas para hacer un hueco en el horario lectivo que hiciera posible la ampliación de las asignaturas de lengua y matemáticas. Más formativo hubiera sido conseguir esas horas restándoselas a la asignatura de religión; la única que, junto a la lengua, goza del privilegio de estar presente en todos los cursos, tanto de la primaria como de la secundaria, no sólo obligatoria, sino también postobligatoria. La propia CEAPA se ha hecho eco de esta situación tan difícil de explicar con argumentos pedagógicos.
También nos preocupa la fractura social que, desde la escuela, puede estar creándose al enfrentar a padres y alumnos a una disyuntiva artificial que parece abrir dos caminos irreconciliables en la formación del individuo: una moral religiosa o una moral laica; cuando es esta última la que debe garantizar el Estado. La formación en valores corresponde a la Ética, disciplina que garantiza una reflexión moral basada en la razón que nos une y abierta al diálogo entre sensibilidades distintas. Sólo una asignatura como ésta, que aun siendo tan esencial sólo está presente en un curso, impartida por profesores con una preparación filosófica puede garantizar una formación básica en asuntos morales. El Estado no puede encomendar esta labor a ninguna iglesia, por respetable que sea. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir, como señalaba Gregorio Peces-Barba, en “la vieja doctrina agustiniana, luego adoptada por Lutero, de los dos reinos: el de los creyentes y los santos, que reciben la buena doctrina, que son adoctrinados en la verdad y en el bien por encima de coyunturales mayorías, y el de los pecadores” (Ibíd.)
En cuanto a los profesores de religión católica, se encuentran en una situación irregular que a ellos no les satisface, mas a nosotros tampoco: se trata de varios miles de docentes que imparten unos contenidos doctrinales que sólo la Iglesia controla y decide; reciben su nómina de las arcas públicas pero son nombrados y cesados por las autoridades religiosas, sin someterse a ningún control público ni a procedimientos de concurso–oposición como cualquier funcionario. Ministros de la Iglesia adquieren, así, in pectore, el papel de funcionarios públicos.
Sería conveniente seguir en esto el ejemplo de nuestros convecinos europeos, pues es lo que algunos recomiendan siempre, no importa de lo que se trate. Así, en Gran Bretaña, a pesar de ser el único país confesional de la UE, se imparte una asignatura común de Historia de las Religiones, necesaria para entender buena parte de nuestro acervo cultural y nuestro pasado. Mas en el ámbito educativo el argumento de “si esto se hace en Europa, también hay que hacerlo aquí” no parece funcionar en España, y no me refiero sólo al problema de la religión en las aulas, sino también a otros, como la inversión en Investigación, por ejemplo.
Como ha escrito el teólogo Miret Magdalena, “se impone que, si queremos vivir en un país democrático, donde se fomente desde la escuela la tolerancia y la cultura plurales, y que aprendamos desde niños la convivencia de convicciones, no hay más remedio que volver al estudio de ese amplio panorama cultural-religioso del que está impregnada nuestra civilización, dejando la transmisión de la fe católica a la familia, la Iglesia y los grupos católicos” (El País, 10 de octubre de 1999)
Creemos que el actual estado de cosas no puede continuar por más tiempo en un país que pretender ser democrático y moderno. Por eso hemos decidido unir esfuerzos.
Durante el pasado curso 99/00, padres y docentes, constituimos la Asociación Pi i Margall por la Educación Pública y Laica. En asamblea aprobamos nuestros estatutos, donde aparecen los fines de nuestra Asociación:
1. Defender una enseñanza pública universal y gratuita inspirada en los valores humanistas.
2. Velar por que se respete la libertad de conciencia de los alumnos y sus padres.
3. Promover iniciativas conducentes a suprimir las doctrinas religiosas del horario lectivo y del currículo oficial de la enseñanza obligatoria y postobligatoria.
4. En tanto no se consigan los objetivos fijados en el punto anterior, exigir el cumplimiento de la normativa vigente (BOJA nº 118, de 2 de septiembre de 1995), que regula las enseñanzas alternativas para los alumnos que no desean cursar enseñanza religiosa.
Decidimos dar a nuestra asociación el nombre de Pi i Margall, filósofo y político injustamente olvidado, que se comprometió en la defensa de la educación pública y trabajó por la separación de los poderes civil y religioso, algo que todavía hoy es necesario seguir haciendo. En obras como La razón individual y la colectiva, insistió en la necesidad de construir una moral laica, basada en la razón que nos hace semejantes y capaz de adquirir un valor universal más allá de las creencias de cada individuo o grupo social. Éstos son los valores sobre los que puede crecer una convivencia democrática o, más aún, fraterna.
En poco tiempo, la Asociación ha ido creciendo, y ya contamos con socios y simpatizantes en distintos lugares del país. Entre nuestros proyectos futuros está la celebración este verano de un Encuentro Nacional sobre Laicidad y Educación en Motril, para lo que hemos solicitado colaboración a algunas entidades. Ya han comprometido su asistencia representantes de otras asociaciones similares a la nuestra o bien autores que han publicado obras relacionadas con la laicidad, así como también algunas personas a título individual. Cuando el proyecto adquiera forma más concreta se anunciarán los ponentes, así como las fechas y el lugar concreto.
Hemos confeccionado una página web (http://members.nbci.com/piymargall) que pretendemos sea un lugar de encuentro y diálogo entre sensibilidades diversas, ya que sabemos que hoy Internet es la mejor manera de llegar a cualquier rincón y poder recibir sugerencias, opiniones y críticas de cualquiera que esté interesado en este asunto. En ella hay constituidos varios foros de debate donde quien lo desee puede dejar constancia de sus criterios.
Confío en que estas líneas sirvan para arrojar alguna luz o, al menos, para mantener vivo un asunto que afecta de manera trascendental a la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos.
ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA, 9. Enero-junio de 2001, págs. 121-123.
EL movimiento laico español y la defensa de la aconfesionalidad del Estado
Como muchos de vosotros sabréis –y así se anunció en el número 9 de esta misma Revista–, los días 13 y 14 de julio de 2001, se celebró en Motril el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LAICIDAD EN ESPAÑA con ponentes procedentes de diversos lugares de España y Francia, y la asistencia de ciento veinte participantes y de diferentes asociaciones con objetivos comunes. La “Asociación Pi y Margall por la Enseñanza Pública Laica” quiso con estas jornadas unir esfuerzos en favor de una escuela y una sociedad laicas, e iniciar una andadura que se anunciaba larga y no exenta de dificultades e incomprensiones en un Estado como el nuestro acostumbrado al monopolio de la religión católica durante muchos años, siglos. Se abrió con ello un debate en torno a la laicidad, o a la falta de laicidad en el caso español, más allá del ámbito estrictamente educativo.
Este Encuentro constituyó un foro adecuado para hacer un diagnóstico acerca de la implantación real del carácter aconfesional del Estado Español, reconocido en el artículo 16.3 de nuestra Constitución, con una aproximación a los distintos ámbitos sensibles al mismo –con especial interés el educativo– y el establecimiento de un análisis comparativo con los diferentes Estados Europeos. Fue también un lugar de encuentro de las diversas asociaciones y colectivos que en la actualidad trabajan para hacer realidad lo que todavía hoy constituye un proyecto. Se palpó la diversidad, el dinamismo y el gran arraigo de las ideas del laicismo en la sociedad, detectándose también el divorcio existente, en este aspecto, entre las fuerzas políticas y la sociedad civil que pretenden representar.
En el Encuentro estuvieron presentes la “Asociación Europa Laica”, de Talavera de la Reina –sin cuya colaboración no hubiera sido posible la celebración del mismo–, “Aspuela”, de Chiclana de la Frontera, el “Colectivo Escuela”, de Granada, “Derecho y Laicidad”, de Madrid, el “Colectivo Galileo”, de Úbeda, la “Liga jiennense de la Educación y la Cultura Popular”, “Fapa” de Albacete, “Ecologistas en Acción”, el sindicato CGT, y “Europe et Laïcité”, de Francia. Apoyaron la iniciativa “Alianza por la Educación Laica”, de Montevideo (Uruguay), y “Republica e Laicidade”, de Portugal. Sin duda eran algunas de las asociaciones más activas en la tarea por la separación efectiva de los poderes religioso y político, y el respeto a la intimidad y a la libertad de conciencia del ciudadano.
Los debates se desarrollan en torno a cuatro bloques temáticos: 1. Laicidad y Constitución: marco legal y Acuerdos Iglesia-Estado; 2. Laicidad y libertad religiosa; 3. La religión en los sistemas educativos español y europeo: análisis comparativo; 4. Movimientos laicistas en España y Europa: historia y situación actual.
Todos expresaron su deseo de que el Encuentro fuera el inicio de una senda por la laicidad que conduzca hacia una consecución efectiva de la aconfesionalidad de nuestro Estado como marco donde las diferentes opciones ideológicas convivan en respeto mutuo. En las ponencias y debates se constató que la situación actual no permite hablar de una aconfesionalidad real del Estado Español. Es más, se percibe un retroceso en la misma como consecuencia de la presencia de la Iglesia Católica en los órganos y estructuras del Estado y su cada vez mayor participación en los procesos de toma de decisiones. Se reivindicó la implantación de un Estado laico cuyos valores sean la libertad de conciencia, la igualdad entre los ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas, y la autonomía de juicio, cultivada gracias a una escuela pública y laica, depositaria de la cultura universal. La práctica religiosa ha de ser libre, pero circunscrita al estricto ámbito privado. Así quedó plasmado en el MANIFIESTO DE MOTRIL, surgido de dicho Encuentro, en el que se pide la ruptura de los actuales acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado Español de 1976 y 1976, y la eliminación de la asignatura de religión como enseñanza curricular.
Las diez ponencias presentadas abordan todos estos aspectos, y lo hacen mediante análisis sugerentes y exhaustivos que ponen de relieve elementos olvidados o silenciados del problema, y adoptan posicionamientos comprometidos y realistas.
Éstas fueron las ponencias (acompañadas de un breve resumen de las mismas):
- Bruno Courcelle Inane(Vicepresidente de la Universidad de Burdeos): “Contra la censura: la laicidad no basta”:
En los países democráticos en los que las libertades ( de expresión, de creación artística, de culto, etc.) están garantizadas, existe, no obstante, una censura que las limita. La laicidad prohíbe la censura religiosa, pero la juridización creciente de la sociedad otorga poderes considerables a los lobbys religiosos, apareciendo también la censura al abrigo de intereses comerciales y a petición de una opinión pública manipulada por los medios de comunicación.
- Francisco Delgado Ruiz (Diputado Constituyente durante los años 1977-1979, ex presidente de CEAPA): “La influencia religiosa en la enseñanza española: estado de la cuestión al inicio del siglo XXI”:
Se da una grave contradicción entre la aconfesionalidad del Estado, propugnada por la Constitución, y lo que sucede en nuestras escuelas, donde se incluye la religión como prioridad en el currículo. Es preocupante la pasividad y conformismo de la sociedad y de los organismos que se declaran no confesionales, así como la presión social que ejerce la iglesia sobre las escuelas.
- Miguel Fernández Sañudo (miembro de la Asociación “Europa Laica”): “Ritos civiles de paso”:
La reflexión del autor nace de la falta de celebración de ritos de paso civiles que los laicos sentimos de forma individual y aislada. A partir de ahí plantea la necesidad de que las Instituciones Públicas los instauren. La razón de que la pertenencia a la ciudadanía es igual para todos y que esas Instituciones no reconocen diferencias, lleva a la consideración de que se las deben ofrecer a todos.
El autor percibe la necesidad de la afirmación y desarrollo de la Comunidad Civil autónoma y primigenia. En el contexto de las características multiculturales de la sociedad y su predecible aumento, le parece mucho más necesario el desarrollo de esta vertiente integradora que favorece la convivencia ciudadana. Los ritos civiles tienen una función simbólica muy importante en la afirmación y desarrollo de este papel de Comunidad.
- Antonio Gómez Movellán (Autor de La Iglesia Católica y otras religiones en la España de hoy), “Laicismo y pluralismo religioso en la sociedad española”:
Tras una breve introducción en la que se destaca la estrecha relación histórica entre Poder e Iglesia Católica en nuestro Estado, el autor se centra en la situación actual de nuestro país y elabora un estado de la cuestión, en el que desvela cómo, pese a la proclamada aconfesionalidad del Estado, la Iglesia antedicha mantiene una posición de privilegio. El autor termina analizando la presencia de otras confesiones religiosas, discriminadas en relación con aquélla, y reclama de las Instituciones las medidas que, basadas en el laicismo, garanticen la libertad y el pluralismo religioso.
- Juan Francisco González Barón (Presidente de la Asociación “Europa Laica”), “Concordato: la realidad de un Estado confesional”:
El recorrido que desde el S. XVIII a la actualidad permitió el tránsito del súbdito al ciudadano ha sido desigual, azaroso y determinado por las ingerencias de la Iglesia. El modelo de relaciones internacionales impuesto por el Vaticano, ha definido las políticas nacionales en aquellos países donde la Iglesia ha hecho notar con más fuerza su influencia. En España, el Concordato firmado en 1953, pese a las reformas de 1976 y 1979, sigue aún vigente. Este Concordato es incompatible con nuestra Constitución y cuestiona la supuesta laicidad de Estado español. El autor, tras analizar el origen y los contenidos del actual Concordato, aboga por «una ruptura unilateral por parte del Estado de los acuerdos de 1979». Ruptura que puede hacerse, y es importante destacar esto, sin modificar el texto constitucional.
- Dionisio Llamazares Fernández (Catedrático de Derecho Canónico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, ex director general de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior), “Libertad de conciencia, laicidad y tradiciones constitucionales comunes en los países miembros de la Unión Europea”:
Tras una aclaración terminológica para precisar el uso de las expresiones ‘libertad de conciencia’, ‘laicidad’ y ‘tradiciones constitucionales comunes’, el autor muestra cómo la laicidad es conditio sine qua non de la libertad de conciencia: sólo en un contexto de neutralidad es pensable la ausencia de intolerancia y de discriminación. Hace, después, un recorrido histórico para desvelar las claves del fracasado proyecto de unidad político-religiosa europea, deteniéndose en la Ilustración como hito en el proceso secularizador. Analiza cómo ese proceso ha calado de diversa manera en cada uno de los países de la Unión a lo largo de los siglos XIX y XX.
El ponente se detiene en los diversos indicadores del grado de laicidad de los Estados (eficacia estatal del derecho confesional y autonomía de las iglesias, estatuto jurídico civil de las confesiones, financiación pública de las confesiones, enseñanza de la religión en centros públicos, y principio de bilateralidad), desarrollando un análisis comparativo entre los países miembros de la Unión. La laicidad —entendida en sentido amplio no sólo como neutralidad religiosa, sino también ética, ideológica e incluso cultural— aparece como elemento de entendimiento entre los miembros de la Unión Europea, constituyendo un sinsentido el no progresar o retroceder en la separación del poder político respecto de las confesiones y las creencias religiosas de los ciudadanos.
- Javier Otaola Bajeneta (Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales del Gobierno Vasco. Autor de los libros Laicidad, una estrategia para la libertad y La metáfora masónica. Razón y sentido), “Del anticlericalismo a la laicidad”:
El laicismo implica una aconfesionalidad activa, concretada en el compromiso de crear y sostener un espacio cívico-político definido exclusivamente por la ética y la simbólica civil, cerrando el paso a toda deriva política de lo confesional. En este sentido centra su identidad en preservar lo político de la instrumentalización a que pueda ser sometido por cualquier clase de iglesia, garantizando así que los poderes públicos atiendan a nuestra condición de ciudadanos con independencia de identidades nacionalistas, étnicas, de clase o religión y dejando en el ámbito de nuestra autonomía nuestras opciones personales y vitales.
- Henri Pena-Ruiz (Profesor de filosofía en el Lycée Fénelon y Maestro de Conferencias en el Instituto de Estudios Políticos de París, autor de La emancipación laica. Filosofía de la laicidad), “Laicidad y “diferencias”: la integración republicana como emancipación”:
En la medida en que la laicidad es el resultado de un esfuerzo para poner distancias con las tradiciones y asumirlas sólo en su dimensión auténticamente cultural excluyendo toda normativa opresiva, es por lo que puede tener un valor universal, sin negar, no obstante, las realidades particulares. La laicidad del poder público es la afirmación de lo que es común a los hombres; la neutralidad confesional no es más que la consecuencia del principio positivo de plena igualdad
- José Antonio Pérez Tapias (Profesor titular de filosofía en la Universidad de Granada), “Una visión laica de lo religioso”:
Un Estado laico responde al principio de justicia al que los procedimientos e instituciones democráticos se deben. Y la religión, que en su sentido más hondo es interrelación, trascendencia en la inmanencia, también tiene en la justicia el criterio de su validez. Para que éste pueda realizarse la religión, y concretamente el cristianismo, debe volver a su origen anticlerical y anticonfesional, asumiendo el pluralismo y la secularidad de la sociedad.
Desde el criterio de justicia y de fraternidad igualitaria, la religión recuperará su sentido como ‘religión de la dignidad humana’, y esto es lo que pone de relieve una visión laica de lo religioso.
- Ángel Ramírez Medina (Presidente de la Asociación “Pi i Margall por la Enseñanza Pública Laica”), “Escuela laica: la libertad de conciencia sin rehenes”:
La presencia de la formación religiosa doctrinaria en las escuelas supone una incursión ilegítima de lo privado en lo público que lesiona gravemente derechos individuales y colectivos, disgrega la sociedad y vulnera los principios de convivencia democrática. Especial gravedad reviste la segregación social que desde la escuela se está generando entre los alumnos, en función de las creencias de sus padres.
Las Actas de estas jornadas, publicadas por el Ayuntamiento de Motril y el Centro del Profesorado de Motril, pueden adquirirse dirigiéndose a la “Asociación Pi i Margall por la Enseñanza Pública Laica”.
Otros encuentros similares se han desarrollado desde julio de 2001. Así el organizado en Madrid por la Fundación Cives y la Ceapa, celebrado los días 10 y 11 de noviembre bajo el título: <
Asimismo, han surgido nuevas asociaciones, como “Ateus de Catalunya”, la “Plataforma por una Escuela Laica”, en Albacete, o la “Asociación Laica”, de León, que, unidas a las ya citadas y a otras que vienen defendiendo la laicidad, como “Escuela Laica”, de Zaragoza, la “Liga Española de la Educación y de la Cultura Popular”, o el “Moviment Laic i Progressista”, de Barcelona, nos confirman tanto en el vigor del movimiento laico español, como en la necesidad de coordinar voluntades e iniciativas, pues, actualmente, adolece de una excesiva disgregación. A pesar de las dificultades no puede cundir el desánimo, dada la urgencia de esta tarea: la historia y los últimos acontecimientos vividos en el mundo nos confirman en que cuando la religión deja de ser una vivencia personal para convertirse en un instrumento del poder político, los problemas se multiplican.
El balance positivo del Primer Encuentro se ve corroborado ahora por la convocatoria del IIº ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LAICIDAD. Consciente de la importancia de que lo ya ha iniciado tenga continuidad en sucesivas convocatorias anuales para dar vigor al movimiento laico español, la “FUNDACIÓN FERRER I GUARDIA” que, junto a “Esplais Catalans”, “Escola Lliure El Sol” y la “Asociació de Casals de Joves de Catalunya”, forman el “Moviment Laic i Progressista”, ha convocado para los días 20 y 21 de julio de 2002, en Barcelona, este nuevo Encuentro bajo el título “Laicidad y derecho al espacio público”.
ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA, 11. Enero-junio de 2002, págs. 139-144
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